Insolvencia y administración concursal de sociedades

22/1/2015

Dada la necesidad de readaptación a la que se ven sometidas las empresas por la cambiante coyuntura económica, las dificultades en el afrontamiento de pagos por la disminución de la cifra de negocios, la rigidez de los costes fijos y la demora en el cobro a clientes, en muchos casos tales dificultades derivan en situaciones de insolvencia y suspensión de pagos. Ya sea por solicitud  o intervención judicial, la administración concursal en gran parte de los casos es una etapa previa a la liquidación de los activos y disolución de la sociedad, cuando no puede garantizarse su reflotamiento en una etapa posconcursal, Los acreedores deben disponer de informaciones precisas para acometer sus reclamaciones con garantías de éxito, para lo que cuentan con los informes del Detective Privado. Su labor en estos casos se centra en

la identificación de elementos patrimoniales que sirvan de respaldo para el pago de la deuda, localización, estado y señalamiento de bienes susceptibles de inmovilización y embargo como garantía, ya residan como patrimonio personal de los administradores, como activos societarios mediante participación en otras empresas u otras formas de tenencia.

La detección de actuaciones por parte de los deudores, administradores o sus sociedades que impliquen maniobras de puesta a salvo del patrimonio personal o social y supuestos de insolvencias pubibles.

 La finalidad por tanto del informe patrimonial, desde el punto de vista mercantil es conocer en profundidad el ámbito patrimonial de la sociedad, la forma en la que se materializa la masa de activo y la diversificación y posicionamiento de intereses mercantiles de los deudores, bajo distintas formas de tenencia y representación, más allá de la titularidad directa.